Inseguridad jurídica en proceso al alcalde
Autor: - Fecha: 2017-08-29 13:57:50
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Un nuevo juicio contra el alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, volverá a iniciarse con nuevo colegiado, luego de que la Sala Penal de Apelaciones declara ayer que sí existen indicios de ejecuciones extrajudiciales y que declararan nulo el fallo que absolvía al coronel retirado de la Policía Nacional del Perú y a sus entonces subalternos.


La sentencia preocupa, no porque apoyemos particularmente al alcalde de Trujillo. Preocupa porque es la enésima vez que Espinoza Quispe tendrá que regresar a sentarse al banquillo de los acusados luego de haber sido eximido de culpa en procesos anteriores.


Este manoseo judicial (no podemos llamarlo de otra manera) conspira contra la gestión de un funcionario que actualmente desempeña responsabilidades ediles y que necesita de las condiciones adecuadas para realizar su trabajo.


Buena o mala, eso no está en discusión ahora, su gestión debe verse libre de ese tipo de obstáculos y distracciones. Y si nos referimos al caso puntual de Espinoza, pues también hacemos extensiva la misma opinión para quienes atraviesan por trances similares o parecidos.


No vemos, sin embargo, a nadie que reciba un trato similar en la justicia. Debe ser un caso único en el Perú que un funcionario policial que se enfrentó a grupos delictivos, con inusitado éxito, es cierto, pase ahora las de Caín para demostrar su inocencia.


Cuando saludamos el éxito de las operaciones policiales que desembocaron en las muertes de esos delincuentes (sujetos avezadísimos que no tenían reparo en asesinar por unos soles), no estábamos apoyando a nombres propios. Lo hacíamos en las personas de los policías que salieron a defendernos y se la jugaron por la sociedad, eliminando a esa lacra.


Cuando alertamos que la eficiencia policial no tendría un correlato similar ni se repetiría en una eventual elección de Espinoza Quispe como alcalde, también estuvimos en lo correcto. Un buen policía, lo enfatizamos, no tiene por qué ser un burgomaestre eficiente. Por eso ahora no tenemos problemas en advertir que hay una inestabilidad jurídica preocupante. 

No es justo juzgar a una persona una o más veces por el mismo motivo. Más aún si instancias judiciales anteriores hallaron inocentes a los acusados.

A casi diez años de ocurrida la presunta ejecución extrajudicial de los delincuentes muertos en un operativo (octubre del 2007), el Estado debe evaluar seriamente cuál es el mensaje que reciben los efectivos que egresan de las escuelas policiales, como los que salieron recientemente a la calle, o los que la semana postularon para tentar una plaza de suboficiales: si se les apoya para combatir el crimen y la delincuencia; o si se va a escuchar las interesadas voces de quienes acusan y tienen, al mismo tiempo, vínculos con las bandas y mafias.


Respetamos las decisiones del Poder Judicial, pero no podemos permanecer indiferentes frente a lo que ha sido, en estos diez años, a un festival de despropósitos que puede terminar siendo contrario a la estabilidad jurídica que buscamos en todo orden de cosas.