El valor de la denuncia
Fecha: 2017-03-12 21:10:13
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El clima de suspicacia que se ha instalado en nuestro país desde hace algún tiempo, exacerbado por el escándalo Lava Jato, está contaminando a todos y amenaza con convertir a la lucha anticorrupción en una suerte de Fuenteovejuna. Esta lógica de la sospecha generalizada puede ocasionar que se diluyan las fronteras y no seamos capaces de discernir entre probos y corruptos. “A río revuelto, ganancia de pescadores”, reza con mucho acierto el refrán popular.


Por eso es que debemos evitar la proliferación de la denunciología, o sea imputar a alguien la comisión de un delito sin la existencia de indicios suficientes. A los periodistas nos basta con meros indicios, pruebas que mediante una inferencia lógica y a veces mediante el uso del sentido común puedan llevarnos a establecer la posibilidad de la comisión de un hecho ilícito o una falta ética. Los periodistas no sancionamos ni tenemos la capacidad de poner en marcha al sistema de la administración de justicia.


Pero que la falta de rigor y prolijidad para denunciar se ponga en evidencia en instancias creadas ad hoc para defender los intereses del Estado es algo que debe alarmarnos. Este pareciera ser el caso de la actuación de la procuradora anticorrupción que ha oficiado al Ministerio Público, instándole a abrir investigación preliminar contra el presidente de la República por supuestos pagos indebidos de Odebrecht a una empresa vinculada al primer mandatario.


La denuncia, en realidad, adolece de sólidos fundamentos. Claro que la procuraduría no tiene la carga de la prueba ni sanciona, pero forma parte del aparato jurídico y judicial del Estado de Derecho y debería actuar con mayor responsabilidad a la hora de instar el inicio de una investigación preliminar. Primero que nada para preservar su propia imagen y no dar pretexto para que políticos con rabo de paja implementen mecanismos que mediaticen su labor y le pongan parámetros restrictivos.


No es que el presidente de la República o los ministros de Estado sean ciudadanos con corona. En un régimen democrático todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. No todos, sin embargo, están investidos del privilegio constitucional de personificar a la nación y de inmunidad que los blinda de cualquier acción judicial durante el ejercicio de su mandato.


Es cierto que el presidente Kusczynki tiene mucho que explicar sobre su actuación durante la concesión de la interoceánica del sur al consorcio brasileño y otros asuntos más porque durante los años en que Odebrecht implementó su política sistemática de sobornos y coimas ejerció importantes cargos en el gobierno. Flaco favor se le hace a la lucha anticorrupción y a la defensa jurídica de los intereses del Estado, sin embargo, formulando hipótesis jurídicas sin sustento probatorio ni aval en la doctrina jurídica.


¿Qué está pasando con nuestros procuradores que actúan tan descomedidamente? Están buscando protagonismo, victimización, trampolín para lanzarse a la política? No creo que sea el caso de la procuradora Ampuero ni el de Amado Enco, víctimas propiciatorias de su propio exceso de celo mal entendido y de su afán de salvaguardar el prestigio de la procuraduría en medio de un descalabro institucional que asedia nuestro Estado de Derecho.