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Depuración en los centros educativos
Autor: - Fecha: 2018-06-12 15:11:52
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Unos 15 docentes sentenciados por el delito contra la libertad sexual y tres por narcotráfico fueron separados de sus labores por el Ministerio de Educación (Minedu) en La Libertad. Bien empezado el año escolar, los profesores han sido separados después de procesos que se desarrollaron en silencio y con discreción, pues nadie conoció de ellos.


Nos enteramos de ello por parte del gerente regional de Educación, Rafael Moya Rondo, al dar cuenta que en la primera lista que le remitió el Minedu hay 23 trabajadores que ya no pertenecen al sector Educación. De ellos, 18 son docentes y cinco, administrativos.


Los sentenciados por delito del narcotráfico son dos administrativos y tres docentes. Por violencia contra la libertad sexual son 15 docentes y tres administrativos. La mayoría de ellos se ubican en colegios de Trujillo y Chepén. Incluso todos ellos fueron destituidos y hasta cumplieron su sentencia, aunque dos todavía se encuentran purgando su pena en la cárcel de El Milagro.


Es necesario que los procesos de destitución se den en forma más agil y expedititva, pues la lentitud burocrática no cabe para permitir la permanencia en el magisterio de violadores, terroristas y hasta narcotraficantes. La crisis de la educación peruana es demasiado grave como para pasar esto por alto. Tampoco es necesario que haya una sentencia firme contra personas que han recibido una acusación fiscal seria. A ellos no se los podrá destituir, probablemente, peor sí suspender sus funciones, pago de suelos y otros asuntos.


Lo preocupante es que entre los profesores y administrativos separados había personas que incluso habían cumplido su sentencia hace varios años. Sin embargo, se les aplicó el decreto supremo del 2017, que obliga a dejar el sector Educación a quienes tuvieron sentencia por los delitos de terrorismo, nacotráfico y violencia sexual.


Recordamos el caso de un profesor del colegio nacional San Juan, quien hace alrededor de quince años atrás alentó a sus alumnos a que proyectaran una película pornográfica en pleno salón de clases. Este mal docente recibió el apoyo de muchos colegas suyos, y logró incluso permanecer en el sistema magisterial luego de cumplir la sanción de suspensión que se le aplicó. Para ello demandó a la entidad educativa regional, que perdió los procesos administrativos y tuvo que morder el polvo de la derrota: lo debió enviar a otra localidad para que hiciera trabajo de oficina mientras duraba su separación del puesto de docente.


Casos como estos no debe repetirse porque de ese modo se rebaja la calidad educativa y se propicia el relajo en el principio de autoridad. El sector Educación necesita contar con un marco normativo y sancionador que impida ese estado de cosas.

Lo que se precisa ahora es que los colegios particulares tampoco sirvan de refugio para esos delincuentes.